
El sector de la construcción mexicano enfrenta actualmente una paradoja significativa. Mientras el estado de Nuevo León reporta un alentador crecimiento del 21.8% en el valor de la obra pública durante el primer mes de 2025 –según análisis de COPARMEX basados en datos del INEGI-, el panorama nacional presenta una marcada contracción del 48.4% en este mismo rubro. Esta divergencia plantea importantes reflexiones sobre la política de inversión en infraestructura y su impacto en el desarrollo económico regional.
Contexto Sectorial
La industria de la construcción representa aproximadamente el 8% del PIB nacional, según cifras del INEGI para 2024. Sin embargo, su desempeño sigue siendo volátil, particularmente dependiente de los ciclos de inversión pública. El caso de Nuevo León demuestra cómo una inyección oportuna de recursos en proyectos estratégicos puede generar un efecto multiplicador en la economía local, contrastando con la situación en otras entidades donde persiste la desaceleración.
Cecilia Carrillo López, Directora General de COPARMEX Nuevo León, enfatiza:
“En el actual contexto de incertidumbre global, la inversión pública en infraestructura se convierte en un estabilizador económico clave. México requiere urgentemente cerrar sus brechas en carreteras, energía y servicios básicos, lo que a su vez dinamizaría el empleo y la productividad”.
Desafíos Estructurales
El sector enfrenta tres retos principales:
- La inconsistencia en los flujos de inversión pública entre entidades federativas
- La necesidad de modernizar los procesos de licitación y ejecución de obras
- El requerimiento de financiamiento innovador para proyectos de infraestructura
A nivel nacional, la construcción privada muestra un crecimiento del 9%, indicando cierta resiliencia del mercado. No obstante, expertos coinciden en que sin un impulso coordinado a la obra pública, será difícil sostener el desarrollo del sector a mediano plazo.
El caso de Nuevo León ofrece valiosas lecciones:
1. Demuestra que una planeación clara y compromisos presupuestales oportunos pueden revertir tendencias negativas.
2. Subraya la importancia de priorizar proyectos con alto impacto social y económico.
3. Evidencia la necesidad de mecanismos financieros ágiles que permitan a las empresas constructoras, especialmente las PyMEs, participar competitivamente en estos procesos.
Como señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México debería invertir al menos el 5% de su PIB anual en infraestructura para alcanzar estándares internacionales. Lograr esta meta requerirá no solo voluntad política, sino también esquemas innovadores de colaboración público-privada y financiamiento especializado.